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La falta de financiación puede suponer la reducción del servicio de transporte público en Formentera y el aumento de las tarifas

autobusmarquesina_webEn la sesión plenaria del pasado 30 de noviembre se aprobó por mayoría absoluta la propuesta presentada por el equipo de gobierno del Consell de Formentera relativa a la necesidad de obtener financiación para garantizar el transporte público de viajeros de Formentera.

La propuesta aprobada instaba al Gobierno de las Islas Baleares a acordar un nuevo convenio o incrementar las transferencias corrientes del Consell Insular de Formentera en materia de transporte público de viajeros por un montante de 70 mil euros, para el mantenimiento del servicio a la demanda y de el actual servicio regular de transporte público.

Este convenio es vital para mantener el transporte público de viajeros y para satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes de Formentera, tanto de aquellos que lo eligen voluntariamente como opción de transporte y sobre todo de aquellos que forman parte de la población que no dispone de otro medio de transporte alternativo y no puede desplazarse en vehículo privado.

Si bien las competencias en cuanto a la gestión en materia de transporte público por carretera fueron transferidas al Consell de Formentera en 2008, no vinieron dotadas económicamente con el suficiente financiamiento para disponer de un servicio de transporte público de pasajeros digno y efectivo. Por este motivo, en el año 2008 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Movilidad y Ordenación del Territorio del Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de Formentera, por el que se llevaban a cabo actuaciones previstas en el "Plan director sectorial de transporte de las Islas Baleares" y otras actuaciones en materia de transporte público de viajeros.

Este documento se firmó por una duración de 5 años, con finalización en 2012, y quedaba establecido que durante este periodo y anualmente, el Consell Insular de Formentera aportaba la cantidad de 29.166,66 euros y la Consejería de Movilidad y Ordenación del territorio la cantidad de 70.000 euros. Es una obligación del Gobierno Balear, tal como está establecido en el artículo 4 de la Ley de ordenación de transporte terrestre, promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de la ciudadanía. El no pago de 70 mil euros por parte del Gobierno Balear conduce a la reducción del servicio de transporte regular y a la eliminación del servicio a la demanda, lo que es un agravio comparativo con el resto de las Islas Baleares.

En pocos años, las medidas de movilidad realizadas en la isla, han repercutido en un aumento considerable del número de personas usuarias, simplemente con un incremento de frecuencias y una estructuración de horarios. El objetivo de este plan de transporte es flexibilizar el servicio y adaptarlo a las características de la isla, con el fin de acercar el transporte público a la ciudadanía.

Teniendo en cuenta la inexistencia de alternativas de transporte público de pasajeros asequibles para residentes y turistas, la falta de financiación supondrá la reducción o desaparición de servicios y el aumento de las tarifas.