El Consell de Formentera y la Dirección Insular del estado trabajarán conjuntamente para erradicar el intrusismo laboral

El Presidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, se ha reunido esta mañana con el Director Insular de la Administración del Estado, Rafael García Vila para tratar las cuestiones del intrusismo laboral en la isla de Formentera, haciendo cumplir la legislación vigente en los temas referentes a la legalidad de los trabajadores, permisos de residencia, contrataciones legales y seguridad laboral.

A la reunión han asistido la consellera de Turismo, Comercio y Movilidad, Alejandra Ferrer, así como representantes del cuerpo de la Guardia Civil, de la Policía Local y del tejido empresarial de la isla como la Cámara de Comercio, la Pequeña y Mediana empresa, la Agrupación Hotelera y la CAEB. También se ha contado con la presencia del delegado del gobierno.

En la reunión se ha tratado mayoritariamente el problema del intrusismo y la competencia desleal en el sector de la construcción y la restauración, así como de las denuncias por venta ambulante en las playas, tal y como han informado en varias ocasiones la Pequeña y Mediana Empresa y el mismo empresariado de Formentera. Cabe destacar que el pequeño comercio configura casi la totalidad del tejido empresarial de la isla, por lo que es muy importante garantizar la legalidad de la competencia, que es una prioridad para el Consell de Formentera.

Ambas instituciones han manifestado su compromiso de estudiar posibles soluciones, y las organizaciones empresariales de la isla redactarán una memoria descriptiva de las problemáticas existentes, a fin de elaborar un mapa de la situación. Asimismo, el área de Turismo y Comercio de Formentera ha mostrado absoluta predisposición para hacer llegar toda la documentación que tiene a su alcance a la Dirección Insular del Estado para facilitar la tarea de los inspectores de trabajo e implementar medidas para erradicar esta práctica ilegal.

En cuanto a la venta ambulante, el presidente del Consell de Formentera ha explicado que se destina una pareja de policía a la función de control e interceptación de los infractores de esta actividad. Tal y como reflejan las estadísticas de venta ambulante cada final de temporada, ha aumentado el número de denuncias gracias a controles más exhaustivos por parte de la Policía local. Así, en 2009 se interpusieron 42 denuncias, subiendo a 85 en 2010, 87 en 2011 y 116 en 2012.

En todo momento, el Consell Insular de Formentera se ha implicado con la máxima celeridad para solucionar este problema, que podría causar graves perjuicios a la economía insular. Tanto el Consell Insular de Formentera como la Administración del Estado, junto con las asociaciones empresariales, han acordado reunirse a finales de la temporada de verano para analizar las posibles soluciones.

Antecedentes
Para hacer una relación cronológica, a finales del año 2012, los representantes del Consell Insular de Formentera se reunieron con los constructores de la isla para tener conocimiento de primera mano de la problemática que está afectando Formentera en este último año . Asimismo, la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera remitió el pasado 24 de enero un escrito a la institución insular para pedir que se tomaran medidas para evitar el intrusismo laboral, haciendo cumplir la legislación vigente.

El presidente de la institución formenterense, Jaume Ferrer, remitió una carta al director insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Rafael García Vila en fecha 27 de febrero, para hacerlo conocedor de esta problemática que sufren trabajadores y empresarios que, sin tener las acreditaciones necesarias, desarrollan trabajos que entran en competencia directa con ellos, de la misma manera que pidió la implicación de la Administración Central para acabar con las prácticas denunciadas.

Por parte del Consell de Formentera, se han puesto al alcance de la ciudadanía todas las herramientas de que dispone, y se ha pedido la implicación de las administraciones competentes que son Inspección de Trabajo, Guardia Civil y la Consejería de Economía y Competitividad del Gobierno Balear.