El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha explicado hoy la motivación que ha llevado a la institución insular a presentar alegaciones en contra de la nueva delimitación costera de Formentera. Por una parte, Ferrer ha destacado que no reúne las directrices de la propuesta una delimitación costera justa para Formentera «que conciliaba la protección y conservación del litoral con el respeto a la propiedad privada».
Rompe con el acuerdo de 2006
Esta propuesta, según ha recordado el presidente, fue aprobada en 2006, con el apoyo de «el Ajuntament de Formentera, el Consell Insular de Ibiza y Formentera, todos los partidos de la isla, asociaciones ecologistas, empresariales y vecinales y más de 2.800 firmas de residentes», y contaba con dos premisas «que los propietarios recuperaran sus propiedades y que se mantuviera la protección del litoral». La delimitación justa se definía de la siguiente forma, según ha destacado «tomar de referencia el trazado anterior a la Ley de Costas de 1988, y a partir de esta delimitación ampliar la zona de protección para garantizar la conservación del litoral, recalificar todas las edificaciones que estuvieran dentro dominio público que fueran anteriores a 1997». La nueva delimitación contempla el retorno de las propiedades pero no la protección del territorio, y las dos premisas son igual de importantes, según el presidente.
Contrario al modelo turístico
Jaume Ferrer ha explicado que «la economía de Formentera vive del turismo, que se basa en el mantenimiento del paisaje y de la tranquilidad». Así ha incidido en que «la desprotección del territorio en pleno año 2015 sería contraria a los principios del modelo turístico de la isla y un mensaje con una repercusión muy negativa para nuestra imagen».
Y es que, el presidente ha dicho que con el nuevo trazado las pasarelas instaladas con fondos europeos y que permiten una forma sencilla, original y práctica de movilidad en nuestras playas dejarían de estar en zona pública y deberían ser movidas. A veces este movimiento las trasladaría en medio de las playas. Esto, ha agregado «no es una amenaza inventada, porque Costas ya ha hecho gestiones para mover las pasarelas».
Asimismo, el presidente ha destacado que habrá aparcamiento públicos que pasarían a manos privadas, Lo que ahora es una opción cómoda y gratuita de aparcamiento para todas las playas de la isla fuera del Parque Natural de ses Salines se convertiría en negocio privado, generando nuevos problemas que ahora no existen, según ha argumentado. Por último Ferrer ha dicho que la nueva red de pasarelas ya no está pensada para acordonar y proteger las dunas de las playas, que son las que aseguran que perdure su anchura, lo que supone una amenaza a la principal fuente de atracción turística: la calidad de las playas.
Procedimiento fuera de plazo
Por su parte, la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer, ha explicado que se ha dado la caducidad del procedimiento, ya que había dos años para su aprobación, desde el 29 de mayo de 2013, y no se ha hecho en plazo. Asimismo, Alejandra Ferrer ha destacado que la nueva delimitación no cuenta con la declaración ambiental estratégica que se debería haber pedido para que la aprobación sea válida.
Delimitación arbitraria
Por otra parte, la responsable de Territorio ha explicado que las alegaciones también recogen la arbitrariedad de la delimitación «que no justifica la excepcionalidad geomorfológica de la isla de Formentera en la que se basa», así mismo ha dicho que tampoco «tiene en cuenta el plan nacional de adaptación al cambio climático, ni la erosión de las zonas rocosas o la variación de las zonas arenosas año a año».
En cuanto a la parte urbanística, «consideramos que la zona de servidumbre de protección se aplica de manera discrecional y arbitraria, ya que en ningún momento justifican cuando se establece que sea de 100 metros y cuando de 200». Alejandra Ferrer también ha explicado que «llama la atención que los tres estanques queden fuera del dominio público y que en la zona de Illetes todos los aparcamientos pasan a manos privadas».
La consellera de Territorio ha destacado que «ahora no estaríamos en esta situación si la delimitación no se hubiera hecho a espaldas del Consell, institución representante del pueblo de Formentera». Tanto el presidente, como la consellera han explicado que todos los formenterenses son afectados por este trazado y por ello solicitan que sea modificado y se devuelvan las propiedades a los propietarios afectados, pero sin modificar la protección del territorio.
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